REIMPULSO DE LA GRAN CONSULTA NACIONAL ORIENTADA A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PRIORIZA LA HUMANIZACIÓN Y REINSERCIÓN EN EL PAÍS
Este miércoles, el ministro del Poder Popular del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, informó sobre la importancia de la reactivación de la Gran Consulta Nacional orientada a la reforma del Sistema de Justicia Penal, que busca fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela.
“Hoy no hay pranatos en el país (…) no hay armas de fuego en los centros penitenciarios; el Estado tiene el control de estos espacios”, así lo explicó durante su intervención en la Asamblea Nacional.
Asimismo, indicó que las políticas nacionales priorizan la humanización, la reflexión y la reinserción social de los privados de libertad, alejándose de propuestas que garanticen los derechos humanos. Además, resaltó que esta comisión responde a las directrices de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la reforma penal, bajo la dirección del fiscal general de la República, Larry Devoe.
Finalmente, García Zerpa aclaró que esto no implica liberaciones masivas ni impunidad, sino “reencontrar familias y justicia sin impunidad. Esto no significa que nosotros vamos y abrimos las puertas de los centros preventivos y sale todo el mundo que le corresponda, revisando con todos los actores y respetando además la decisión del juez, que es el director del proceso”.
Ministerio Público impulsa la transformación del sistema de justicia penal
El Fiscal General de la República, Larry Devoe, indicó que desde el Ministerio Público se avanza firmemente en el reimpulso y la transformación profunda del sistema de justicia penal en el país.
Esta iniciativa responde al llamado de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien insta a las instituciones a ejecutar una revisión autocrítica y estructural de sus funciones. “No ha puesto a todos a revisar autocríticamente el funcionamiento como sistema, pero también como cada una de las instituciones que integramos el sistema de justicia penal en nuestro país”.
Asimismo, el fiscal general resaltó que uno de los objetivos prioritarios es el combate frontal al retardo procesal. Explicó que, según datos sociodemográficos recientes, el 75% de los condenados admitió los hechos. Este indicador revela que los privados de libertad suelen optar por la admisión penal simplemente para acortar los tiempos de reclusión y evadir los altos costos del proceso.
De esta manera, destacó que, “los centros de detención preventiva son espacios donde la persona debería pasar poco tiempo luego de ingresar al sistema de justicia penal”.
“Nosotros, desde el Ministerio Público, apostamos, por ejemplo, por un sistema que esté orientado hacia la mínima intervención penal”, concluyó
