Coordinación entre poderes públicos garantiza derechos humanos de privados y privadas de libertad
Gracias a la articulación entre los Poderes Públicos, el Estado venezolano brinda mecanismos de atención integral a los privados y privadas de libertad, que se encuentran en los 500 centros de detención preventiva del país.
Así lo informó la Dra. Alana Zuloaga, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, durante su participación en el programa Al Instante transmitido por Unión Radio.
“La coordinación permanente entre el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y el Ejecutivo Nacional, ha permitido el avance de la celeridad procesal y la garantía de los derechos de los privados y privadas de libertad”, dijo.
Sobre la atención integral que el Gobierno Bolivariano brinda a los detenidos y detenidas, Zuloaga indicó “trabajamos en constante cooperación para escuchar sus necesidades (…) todo privado que necesita atención médica o acompañamiento jurídico lo recibe”, aseveró.
Los centros de detención preventiva constituyen espacios en los cuales los ciudadanos que se encuentran en proceso de investigación, a la espera del inicio de juicio o que no han sido penados aún, son resguardados como parte de la garantía del debido proceso.
Fortalecimiento del Sistema de Justicia
La Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, refirió la importancia de las vías alternas que permitan la celeridad procesal y el fortalecimiento del sistema de justicia.
“Hemos implementado, debido a los desafíos que nos dejó la pandemia, metodologías como las audiencias telemáticas, las cuales permiten juicios oportunos y a tiempo”, manifestó.
Igualmente, durante la entrevista, Zuloaga explicó el funcionamiento de las Casas de Justicia, mecanismo contemplado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz para optimizar los procesos relacionados a la judicialización de los delitos menores.
“Hoy tenemos un concepto distinto, no solo hablamos de Casas de Justicia, sino también de Casas de Paz, las cuales tienen como objetivo la resolución de conflictos como medida de prevención integral del delito”.
Estas Casas de Justicia, atienden delitos con penas máximas entre ocho a 12 años con el acompañamiento de un equipo conformado por jueces, fiscales y defensores para atender de forma inmediata estos hechos punibles.
Finalmente, Zuloaga agradeció la articulación efectiva alcanzada con la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial y la Vicepresidencia de Política Interior de la Asamblea Nacional, con los hombres y mujeres integrantes del Sistema de Justicia.
